La crisis laboral continúa profundizándose en la provincia de Buenos Aires y suma nuevos episodios de tensión. En Quilmes, la petroquímica Sealed Air ratificó el despido de 65 trabajadores pese a estar alcanzada por una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense. La decisión derivó en un paro por tiempo indeterminado y en la paralización total de la planta, en un contexto de ajuste generalizado que se replica en distintos sectores de la economía.

El conflicto escaló luego de que la empresa desconociera la instancia de conciliación que le impedía avanzar con desvinculaciones. Si bien inicialmente había anunciado 97 despidos, finalmente ejecutó 65 cesantías bajo el argumento de un “proceso global de optimización de recursos”, que implica una reducción cercana al 40% de la dotación de personal en la planta local.

Desde la comisión interna denunciaron que la empresa rompió unilateralmente una negociación que llevaba meses. El delegado general, Alfredo Piscopo, explicó que existía un principio de acuerdo que se cayó cuando la firma intentó imponer nuevas condiciones laborales. “En una audiencia nos quisieron hacer firmar un escrito con un montón de flexibilización que no se había discutido. Cuando nos negamos, cortaron la negociación y despidieron a 65 compañeros”, señaló.

Piscopo también remarcó que la planta de Quilmes no estaba trabajando a plena capacidad, pero que otras sedes de la compañía funcionaban con horas extras, lo que abría la posibilidad de reubicar trabajadores. “Había compañeros de 62 o 63 años, a punto de jubilarse, y aun así avanzaron con los despidos”, denunció.

Ante este escenario, el Sindicato del Personal Petroquímico rechazó las exigencias patronales —que incluían la eliminación de bonos y un aumento de la productividad con menos personal— y resolvió profundizar el plan de lucha. “La planta está completamente parada y seguimos esperando que la empresa vuelva a negociar”, afirmaron desde el gremio.

El impacto humano del ajuste quedó reflejado en los testimonios de los despedidos. Uno de ellos contó que los telegramas llegaron en plenas fiestas de fin de año. “Los mandaron el 30 y 31 de diciembre. Tengo 32 años en esta empresa, dejé la sangre y la piel”, relató. En su caso, además, la desvinculación afecta a una familia con un hijo con discapacidad. “Mi hijo tiene problemas de parálisis en el brazo y del habla. Esto destruye a las familias”, expresó.

El caso de Sealed Air se inscribe en una crisis mucho más amplia. Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la provincia de Buenos Aires lidera el ranking nacional de conflictos laborales, con 168 casos registrados entre 2024 y 2025 vinculados a despidos, suspensiones, cierres y quiebras.

La situación también golpea con fuerza al comercio. La caída del consumo, reflejada en estadísticas del INDEC, aceleró cierres de sucursales y recortes de personal en grandes cadenas. Las ventas en supermercados retrocedieron 0,2% intermensual, mientras que en mayoristas la caída fue del 5,2%, la más fuerte de la serie reciente.

En este contexto, empresas como Caromar cerraron locales en San Justo y Mar del Plata y despidieron a unos 80 trabajadores, mientras analizan nuevas bajas. También se registraron ajustes en cadenas como Vea y Yaguar, con cierres de sucursales y pérdida de empleos en ciudades como Bahía Blanca.

A nivel nacional, el panorama es aún más preocupante. El CEPA advierte que desde la asunción de Javier Milei cerraron más de 17.000 empresas y se perdieron alrededor de 300.000 puestos de trabajo, un escenario que agrava la incertidumbre social y golpea de lleno al entramado productivo bonaerense.