En la etapa final del juicio por la "Masacre de Wilde" –el emblemático caso de "gatillo fácil" ocurrido hace 28 años en dicha localidad bonaerense en el que fueron asesinadas cuatro personas–, dos de los siete expolicías acusados hicieron uso de las "últimas palabras".

Marcos Rodríguez -quien estuvo prófugo por 20 años- aseguró ante los jueces Marcelo Hugo Dellature, Luis Miguel Gabián y Claudio Fernández, que es "inocente" y que espera que "impartan Justicia".

En tanto, Eduardo Gómez defendió su accionar de aquel 10 de enero de 1994, cuando se produjo la "masacre", al afirmar que es "complejo" y "difícil" ser policía y admitió que pudo haber cometido algún error en su desempeño.

"Si ustedes tienen un error escribiendo, lo pueden borrar o corregir en su trabajo. Nosotros un error no podemos, nosotros lamentablemente tenemos una línea muy fina, un error nuestro está dentro del campo del delito", indicó Gómez.

El resto de los acusados, Roberto Mantel, Osvaldo Lorenzón, Pablo Dudek, Julio Gatto y Marcelo Valenga, decidieron no hacer uso de sus últimas palabras previas al veredicto del juicio oral, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Lomas de Zamora, previsto previsto para el próximo 19 de diciembre.

La "Masacre de Wilde" ocurrió el 10 de enero de 1994 y tuvo como víctimas al remisero Roberto Corbo y a sus pasajeros, Gustavo Mendoza y Enrique Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505, y al vendedor de libros Edgardo Cicutín, que se trasladaba en un Dodge 1500, conducido por Claudio Díaz, el único que sobrevivió al ataque.

Los cinco fueron atacados a tiros por efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús que al parecer los confundieron con delincuentes y les dispararon cerca de 200 veces.

Además de quienes ahora van a juicio, estaban imputados el comisario César Córdoba, Carlos Saladino y Hugo Reyes, (ya fallecidos), todos integrantes de la brigada cuyo subjefe era el entonces comisario y actual abogado Juan José Ribelli, procesado y luego absuelto por el atentado a la AMIA y quien no estaba en el país cuando ocurrió el hecho y el exsubteniente Marciano González, que quedó fuera del proceso por incapacidad mental, luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV).

Tras apelaciones de familiares de las víctimas, en 2003 y en 2007 volvieron a ser sobreseídos por la misma medida.

No obstante, la causa siguió su curso hasta la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que en 2013 ordenó reabrir el expediente y anular los sobreseimientos.