El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, salió a responder las acusaciones de persecución política lanzadas desde La Libertad Avanza (LLA), tras el apartamiento preventivo de 24 efectivos de la Policía bonaerense. En una entrevista con el canal de streaming de Infobae, Alonso reveló que los agentes en cuestión montaron una estructura paralela dentro de la fuerza que actuaba como una “consultora política” al servicio del espacio de Javier Milei.

Según el funcionario de Axel Kicillof, los efectivos –ligados al candidato a diputado provincial libertario Maximiliano Bondarenko– usaban instalaciones del Estado para organizar actividades partidarias, dar asesoramiento en seguridad y, lo más grave, filtrar información sobre operativos a legisladores nacionales de LLA. 

“Lo que se está castigando es el desarrollo de una actividad incompatible con el uniforme. No es por sus ideas. Facilitaban datos sensibles a legisladores y armaban actos en salones policiales”, explicó Alonso.

Una denuncia interna, una estructura paralela

La investigación comenzó tras una denuncia anónima ingresada a la Auditoría General de Asuntos Internos. En el expediente –que ya está en manos del fiscal Álvaro Garganta– se detallan reuniones, registros informáticos y uso de oficinas descentralizadas de la Policía para promover la campaña de Bondarenko, un expolicía retirado.

Alonso fue categórico: “Un retirado no puede comandar ni tener reuniones políticas con policías activos. Esa subordinación es responsabilidad del jefe policial que lo permitió. Lo que pedía Bondarenko estaba en las computadoras”.

El ministro insistió en que no hubo despidos ni persecuciones, sino una “desafección preventiva” para facilitar la investigación. “Quedan en disponibilidad mientras se avanza con las pruebas. Si corresponde, habrá sanciones administrativas e incluso judiciales”, indicó.

Respuesta a Bullrich

Alonso también respondió a la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, quien había acusado a la Provincia de perseguir a la Policía por razones ideológicas. “Nadie fue sancionado por pensar distinto. Pero sí está expresamente prohibido usar el aparato policial para hacer política. Ese límite fue cruzado”, sentenció.

Ahora, será la Justicia quien determine si los hechos configuran delitos. Mientras tanto, desde la Provincia remarcan que la neutralidad política de la fuerza “no es negociable”.